Los hechos que salieron a la luz en los últimos días, en los cuales la concejal de Juntos por el Cambio Alicia Paz denunció penalmente al dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) Enrique Sir por acoso y hostigamiento, motivaron que el grupo de las 7 Mujeres Radicales que habían sido sancionadas por la orgánica partidaria emitieran un comunicado de acompañamiento a la concejal capitalina.
Así, en el documento que lleva por título “Delirios Persecutorios. Sobran Motivos: Acallar para tapar conductas propias”, las integrantes del grupo, Claudia Vera, Gabriela Nieva Larcher, Jéssica Nieto, Natalia Herrera, María Luisa Moreno, Vilma Canceco y Gabriela Lobo Vergara señalan: “Nos persiguieron oprobiosamente. Y, al hacerlo, colocaban como centro de sus fundamentos la integridad de nuestro partido.
La misma que en su calidad de agresores sexuales rehúsan observar haciendo uso y abuso de las estructuras organizacionales para poner a salvo ‘su buen nombre y honor’ en detrimento de quienes osen plantear una perspectiva diferente”.
Desde hacía días, aseguraron, conocían la situación en cuestión y guardaron “silencio prudente por respeto a la víctima, por respeto a su propio proceso de asimilación de sucesos ocurridos y guardamos silencio, porque aún con nuestras heridas en proceso de reparación, resulta de extrema preocupación la repetición de conductas y el temor por la posible reiteración de hechos de violencia política en nuestro partido”.
“Nos persiguieron porque sus razones estaban atadas a los mismos hechos que nosotras condenamos y que ellos mismos perpetraron o defendieron.
Había que callar las voces y disciplinar con resortes institucionales extremos que sirvieran de dispositivo ejemplificador para quienes en un futuro se atrevan a expresar palabra alguna, relacionada a hechos de esta naturaleza”, destacan. Ante esto, el grupo de radicales expresó su “repudio a los hechos penales que se denuncian.
Manifestamos nuestro rechazo a su utilización para hostigar y mancillar el nombre de la persona denunciante, ya que a poco de conocerse el hecho pusieron a circular en redes sociales mensajes intimidatorios y de hostigamiento hacia su persona en un claro modus operandi que busca amedrentar toda acción judicial e institucional posterior”.
“Hoy nuestra correligionaria decidió poner fin a años de silencio, mientras el agresor y quienes lo acompañan sigue en su derrotero con idénticas prácticas de misoginia.
El violento no cambia”, enfatizan. En otro tramo, instan a que la UCR establezca los mecanismos necesarios y de urgente “salud institucional” que evite transitar por el camino del oprobio tanto “a la persona que denunció el hecho de violencia, como a quienes decidan acompañarla en el proceso que inició en ámbitos judiciales”.
“Instamos a todxs los actores de nuestro partido a reservarse el debido respeto que la situación indeseable imprime a la vida de la persona que lo padece, evitando caer en el cuestionamiento de sus condiciones humanas y agregando violencia política e institucional a una circunstancia de por si dolorosa e incómoda”.
El Esquiú
