El Gobierno promulgó el lunes la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Boletín Oficial. Fue luego de que las cámaras de Diputados y Senadores la aprobaron entre el viernes y el sábado.

Con la firma del presidente Alberto Fernández y sus ministros, el Ejecutivo puso así en marcha la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2020.

La ley, debatida entre el jueves y el sábado en las dos cámaras, contempla un impuesto del 30% al dólar “ahorro” y “turista” y la suspensión parcial de la movilidad jubilatoria por seis meses.

Inicialmente, el proyecto incluía un aumento de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, pero como publicó TN.com.ar, el Gobierno lo vetó por problemas técnicos y no por diferencias en las alícuotas.

Una vez subsanados esos inconvenientes, el Ejecutivo podrá subir las retenciones al poroto de soja hasta 33%; los cereales, como el maíz y el trigo, podrían llegar hasta 15%; las carnes, la leche en polvo, la lana y otras producciones, hasta el 9%.

Las producciones agroindustriales de las economías regionales podrán ubicarse en 5%. En cambio, los derechos de exportación de productos de hidrocarburos y minerías podrán bajar al 8%.

Con el veto parcial a la ley, el Gobierno le envió un mensaje a la Mesa de Enlace. Las autoridades de las cuatro entidades se reunieron el lunes por la tarde con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Agricultura, Luis Basterra, para pedirles que den marcha atrás con las retenciones del 33% al poroto de soja.

Los representantes del Ejecutivo y los ejecutivos de la Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales (CRA), Federación Agraria (FAA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) finalmente acordaron volverse a reunir para avanzar en la diagramación de un esquema de compensación a los pequeños productores.