La última propuesta del Ejecutivo contemplaba el pase a planta permanente de 28 empleados que tenían menos de 60 días de planta pero más de 180 días en calidad de contratados; y el pase a planta permanente de seis contratados que tenían más de 180 días de antigüedad bajo contrato de carácter temporario.

Sin embargo, respecto del resto de los empleados designados en planta permanente durante los últimos 180 días de la gestión saliente, el municipio se comprometió a no desvincularlos de inmediato: la relación laboral quedará sujeta al pronunciamiento judicial que se resuelva sobre la acción de lesividad que presentarán al respecto.

El abogado de ATE, Iván Sarquís, en dialogo con FM REPUBLICA 100.1, cuestionó  que el municipio judicialice estos 180 casos (aproximadamente) y que se pierdan unos 190 contratos.

Si bien ATE dijo que aceptaba la primera propuesta del pase a planta permanente, cuestionó que se judicialicen los otros casos, ya que afectaría el pago de salario y variación de las condiciones de trabajo por el tiempo que dure el proceso judicial.

Según informó la Dirección de Inspección Laboral, el sindicato presentó una lista de 85 trabajadores que estaban contratados y que solicitan la continuidad del vínculo laboral.

Esta última presentación responde a una propuesta de Rolando Contreras, secretario de Gobierno chacarero, que había ofrecido hacer una «discriminación positiva» entre los contratos vencidos el 31 de diciembre de 2019 y aquellos que vencen el 31 de enero de 2020, «a favor de los contratados que cuenten con una antigüedad que se extienda más allá del 1 de julio de 2019 y que puedan pasar a planta permanente».

Según informó Contreras, la Municipalidad hizo las gestiones necesarias para conseguir una ayuda financiera que permita hacer frente al pedido, pero «fueron infructuosas», por lo que no podrá hacer frente a la solicitud del gremio. 
Contreras advirtió que la última propuesta que acercaron oportunamente era «la única considerada viable».