POR LA NULIDAD DE ELEVACIÓN A JUICIO
Estaba imputado por supuesta mala utilización de $1.337.000 pesos entre 2010 y 2011.
El exintendente de Capayán, Pablo Názar, resultó sobreseído en una causa que pesaba en su contra por una supuesta malversación de fondos públicos por poco menos de $1,5 millones, que había sido iniciado por una demanda de quien es el actual intendente, Alfredo Hoffman, en febrero de 2013. Junto a Názar, resultó sobreseído también su exsecretario de Hacienda, José Orlando Herrera.
Ambos exfuncionarios se vieron beneficiados por la prescripción de la acción penal, luego de que el Tribunal Oral Federal de Catamarca resolviera la nulidad de la elevación a juicio, que mantenía los plazos vigentes. El delito por el que se los acusó fue la malversación de fondos públicos en los términos del artículo nº260 del Código Penal, que prevé como pena máxima una “inhabilitación especial de tres años” a todo aquel funcionario público “que diere a los caudales o efectos que administra una aplicación diferente de aquella a que estuvieran destinados”. Además, prevé que si de ello resultara daño o entorpecimiento del servicio al que estuvieran destinados, corresponde una multa de entre el 20 y 50% de la cantidad distraída.
Los jueces Enrique Lilljedahl, Federico Bothamely y Mario Martínez fueron los que resolvieron hacer lugar al planteo de los abogados defensores y declarar la nulidad por “afectación del debido proceso”. Con la declaración de nulidad de la elevación a juicio, que había sido resuelta por el fiscal federal Santos Reynoso, el último acto firme que quedaba era el del procesamiento y como la pena prevé una inhabilitación de hasta tres años, se resolvió la prescripción de la acción penal: pasaron 11 años de la denuncia y 14 años desde que ocurrió el primero de los hechos denunciados.
Los hechos
En febrero de 2013, el intendente Alfredo Hoffman denunció a Názar y Herrera, de la gestión anterior, por fraude a la Administración Pública al detectar una serie de irregularidades vinculadas a la rendición de cuentas de tres partidas de dinero correspondientes a partidas nacionales que habían sido extraídas por el municipio: una en febrero de 2010, por $200.000 y otra en febrero de 2011, por $300.000, ambas de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación; y una tercera por $837.000 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Al momento de su declaración indagatoria, Názar explicó que las partidas de la Jefatura de Gabinete estaban destinadas a “gastos cuasi generales”, entre los que destacó “acción social, fomento al deporte, ayuda al ambiente, entre otras” y detalló que se habían utilizado para tal fin; mientras que las del Ministerio de Agricultura correspondían a “préstamos a fincas olivícolas de menos de 300 hectáreas”, pero que “no habían recibido ningún pedido de préstamo” y que habían realizado un relevamiento en el que descubrieron que “no había ninguna finca en condiciones de recibirlo”, por lo que pidieron autorización al Concejo Deliberante y lo usaron para cubrir deudas de gastos de personal y de funcionarios, deudas de proveedores y juicios con sentencia firme.
Otra causa
Názar y Herrera estaban involucrados en otra causa realizada en la órbita provincial, en la que se los investigaba por hechos ocurridos en 2011. En los que, según se dijo al momento de la imputación, semanalmente y en efectivo se realizaban pagos de $25 mil a una falsa empresa por servicios que nunca eran prestados por el supuesto alquiler de horas de maquinaria. El fraude se estimaba en $2.500.000.
