En dialogo con FM REPUBLICA 100.1, Ana Clara Barros, presidenta de la Comisión de Género del Colegio de Abogados, y miembro de la Asamblea Ni Una Menos señaló “Humildemente, opino que una persona que está con fundamentos suficientes para estas restricciones, y que está en funciones y dispone de los recursos económicos y políticos que le otorgan su cargo, hay un efectivo riesgo de que obstaculice el cumplimiento de la condena. Con más razón se debería haber dictado la prisión y no sucedió, pero creemos que la querella va a seguir insistiendo con la prisión efectiva”
La abogada explicó que “la condena es efectiva a cumplirse cuando la sentencia esté firme, eso es lo que dispuso el juez, pero la prisión preventiva, en nuestro Código Procesal Penal, tiene como fundamento la necesidad de evitar que con su accionar el imputado pueda evadir la justicia.
“Hacemos un llamamiento al sector político para que intervenga de manera institucional para separarlo de su cargo, siendo que ya está condenado; siempre respetando la Carta Municipal y los principios constitucionales”
