En la última sesión de la cámara baja se aprobó con media sanción el proyecto del
Ejecutivo para instaurar el juicio por jurados en Catamarca. No obstante, la iniciativa
del Gobierno no tuvo el respaldo de todos los legisladores que representan distintos
partidos políticos. Para el caso, solo dos de los 14 diputados que integran el
interbloque opositor Juntos por el Cambio acompañaron el proyecto: Juana
Fernández y Luis Lobo Vergara.
Esa falta de acompañamiento se la vio venir el bloque oficialista del Frente de Todos
en el transcurso del debate. Es que, tras la exposición de Augusto Barros
fundamentando la necesidad de aprobar el proyecto, desde la oposición fueron
esgrimiendo algunas objeciones.
El legislador oficialista reconoció que “hay muchas objeciones” para indicar que entre
ellas, “la más destacada es la capacidad” de los ciudadanos para integrar el jurado.
“El ciudadano no evalúa el derecho abstracto sino los hechos y para ello no se puede
establecer la restricción”, aclaró.
A la vez, distinguió que la iniciativa intenta “poner en valor la posibilidad de una
transformación importante al sistema judicial, es la democratización de la
administración de justicia para que no sea el monopolio de jueces sino que se
involucre la sociedad en la toma de decisiones”.
La primera objeción al proyecto llegó de mano del macrista Diego Figueroa. Si bien
se atajó de que no quería “entrar en la discusión de lenguaje inclusivo sí, lenguaje
inclusivo no, un proyecto no puede hablar de fiscala”. También esgrimió que se debía
corregir porque no se tuvo en cuenta el decreto nacional sobre género no binario en
la conformación del jurado.
El opositor Alejandro Páez se enfocó en que se necesitaría “rápidamente una nueva
modificación al presupuesto del poder Judicial y al código procesal penal”. A la par,
apuntó a que se debería “rever los requisitos para integrar el jurado, no solo 18 años
y saber leer y escribir”. En tanto, la diputada del radicalismo Juana Fernández apuntó
sobre los veredictos por unanimidad para considerar que debería ser por mayorías.
También desde la bancada opositora, Lobo Vergara indicó que “hay carencias
presupuestarias en el poder Judicial y esperamos que cuando llegue el presupuesto
se contemple esta legislación”. También afirmó que debe ser sancionada la ley
aunque “puntualmente hay observaciones respecto a la unanimidad para sentenciar”.
Al igual que sus pares, criticó los requerimientos para integrar el jurado: “Por una
cuestión de sentido común y responsabilidad le pondría algún requisito más, alguna
madurez como establecer que sea de 25 o 30 años”.
La primera réplica a las objeciones opositoras llegó de mano de la presidenta de la
Cámara, Cecilia Guerrero. En primer lugar, aludió a la exposición del diputado del
PRO indicando que no entraba “en discusión con los misóginos lingüísticos, con ese
criterio fuimos invisibilizadas y negadas de derechos”. Además, lamentó que durante
el tratamiento “no se haya hecho llegar ni un solo aporte”.
Así, contrastó sobre el requisito de la edad: “Si un joven de 18 años tiene derecho a
votar y puede ser perseguido penalmente por el Estado, también tiene la capacidad
suficiente para integrar un jurado popular y como para juzgar sobre la comisión de
delitos por parte de otras personas”.
Aparte, remarcó que la exigencia de la unanimidad “es indispensable en miras a
llegar a decisiones de calidad incuestionables porque son 12 personas comunes
seleccionadas por sorteo que integrarán el jurado y van a deliberar hasta superar
diferencias; no es una debilidad, es todo lo contrario, es una de las mayores
bondades”.
Después de las intervenciones de otros legisladores, retomó la palabra Barros. Allí
fue cuando dijo que “el bloque de oposición en sus vertientes se manifestó no muy
gustoso en algunos puntos del proyecto y no lo dijeron, porque no se animaron, a
decir que van a votar en contra”.
Preguntó si se podía debatir restringiendo una garantía constitucional basada en un
presupuesto. “Debe ser que este proyecto le pisa el tallo a algún monarca judicial”,
deslizó para remarcar que “deberán justificar muy bien una necesidad social pero
sobre todo una manda constitucional para oponerse”.
El Esquiú
