Los cuestionamientos a las premisas centrales de la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia estuvieron a la orden del día en los últimos meses. A 40 años del retorno a la democracia, la carrera electoral para la Casa Rosada ─que llegará a su fin en 16 días, cuando se celebre el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei─, estuvo lejos de evidenciar un consenso respecto al régimen constitucional y sus instituciones: en reiteradas oportunidades, el candidato presidencial de La Libertad Avanza y su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, buscaron negar el plan sistemático de la última dictadura cívico militar y la cifra de 30.000 desaparecidos.
Para evitar que este tipo de discursos proliferen, legisladores del Frente de Todos (hoy, Unión por la Patria) y organismos de derechos humanos decidieron impulsar una proyecto de ley antinegacionista que, entre otros puntos, propone la reforma del Código Penal para sancionar a quienes difundan este tipo de ideas. En su artículo 15, el documento firmado por la diputada nacional Carolina Gaillard, establece que “será reprimido con pena de inhabilitación especial de 3 meses a 4 años, el/la funcionario/a público/a que, en el ejercicio del empleo, cargo o función, negare, minimizare, justificare o reivindicare públicamente y por cualquier medio, genocidios contra la humanidad reconocidos oficialmente como tales por el Estado Argentino”.
La normativa no sólo refiere al terrorismo de Estado del Proceso de Reorganización Nacional (PRN) ─que trajo aparejado secuestros, homicidios, sustracción de menores, entre otros delitos─, sino también al Holocausto o Shoah, el genocidio armenio, la Masacre de Mapalpí y los crímenes de “Rincón Bomba”. Expresiones favorables a estos actos delictivos serán penadas y, en caso de ser sancionados, los funcionarios deberán realizar al menos un programa educativo en materia de derechos humanos del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia, el Racismo y el Negacionismo (INADIN).
La entidad deberá ofrecer capacitación obligatoria en materia de Memoria, Verdad y Justicia, para todos las personas que se desempeñen en la función pública “en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”. Además de dictar dichos talleres, el INADIN se encargará, según lo propuesto en el proyecto de ley, de elaborar políticas nacionales para proteger el pluralismo y los derechos humanos y promover la lucha contra la impunidad.
La iniciativa del oficialismo apunta contra la fórmula presidencial de La Libertad Avanza y podría funcionar como advertencia contra Milei y Villarruel para que cesen sus actitudes reivindicativas del régimen autoritario encabezado por Jorge Rafael Videla. De hecho, su partido llevó como candidato a diputado a Ricardo Bussi, hijo del represor Domingo Antonio Bussi. Este dirigente tucumano revitalizó el término “excesos” para minimizar el accionar sistemático de las fuerzas armadas durante el PRN.
Esta misma posición adoptó Milei al referirse a a las desapariciones y crímenes cometidos en el marco del régimen autoritario de entre 1976 y 1983. El economista incluso fue más allá y puso en duda el número de desaparecidos reportado por los organismos de derechos humanos. “No fueron 30.000 desaparecidos, son 8.753. Estamos en contra de una visión tuerta de la historia”, aseguró durante el primer debate presidencial.
En la misma línea, el pasado 4 de septiembre, su candidata a vicepresidenta organizó un acto en homenaje a las «víctimas del terrorismo» en la Legislatura porteña, en la que cuestionó a los organismos de derechos humanos por mantener una “memoria parcial” de la última dictadura cívico militar. “Carlotto ha sido un persona bastante siniestra para nuestro país, porque con ese cariz de abuelita buena la realidad es que ha justificado al terrorismo. Puede sentir dolor por la muerte de su hija, pero tiene que contar que su hija era combatiente de Montoneros”, señaló.
ACM
