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Un país donde los jueces desisten de juzgar

Un dirigente experimentado que conoce bien a Mauricio Macri arriesga que el expresidente va a seguir tensionando la interna en Juntos con el fin de mantener la expectativa sobre su candidatura presidencial 2023. A Macri lo fortalece en términos políticos pero también jurídicos, sostiene la fuente ante elDiarioAr: “Si Macri se baja, los jueces se lo van a llevar puesto”.

Este razonamiento podría explicar desde una dimensión política el sobreseimiento de Cristina Kirchner dispuesto por el Tribunal Federal Oral Nro. 5 en la causa por lavado de dinero y asociación ilícita conocida como Hotesur-Los Sauces. La política, todo indica, compone la música que ejecuta la Justicia.

Ante la evidencia acumulada en el expediente durante largos siete años de investigación, en la que intervinieron una docena de funcionarios judiciales, la opinión entre quienes conocen la causa es que, si fuera llevada a juicio, difícilmente la vicepresidenta podría resultar absuelta. 

La primera conclusión a la que puede llegarse es que los jueces en la Argentina han decidido desistir de enjuiciar a la expresidenta. Se trata de un país en el que los jueces desisten de juzgar. Es la tercera vez en ocho meses que esto ocurre.

En abril pasado, la Sala I de la Cámara de Casación integrada por los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña archivó la investigación contra la vicepresidenta por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por operaciones con el dólar en el mercado de futuros por inexistencia de delito. Lo hizo con el voto de sus tres integrantes.

En octubre, la ex presidenta fue sobreseída por inexistencia de delito junto a los demás acusados en el trámite por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA en un fallo unánime del tribunal que preparaba el juicio oral. Los jueces que lo integran son María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini.

La investigación sobre la responsabilidad de Cristina Kirchner y un grupo de exfuncionarios de su gobierno en torno a las operaciones con el dólar futuro fue controvertida desde el comienzo. Como se sabe, se trata de una herramienta financiera a la que recurrió el gobierno de entonces en un contexto de alta presión cambiaria -con el dólar oficial casi anclado- con la intención de preservar las reservas y evitar una devaluación. La devaluación llegaría con el gobierno de Macri.

La causa por el Memorándum es hija de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. La muerte de Nisman amplificó la investigación por encubrimiento del atentado contra la Amia en la que se investigó a la expresidenta y a un grupo de funcionarios de su gobierno. Este expediente también ha sido motivo de controversia. Si bien Cristina Kirchner hubiera tenido mucho para explicar en una instancia oral, la firma del pacto con Irán fue una decisión de política exterior del Poder Ejecutivo, una de sus atribuciones, que además fue ratificada en 2013 por el Congreso de la Nación, con la mayoría oficialista de entonces. El hoy presidente Alberto Fernández no dudó en decir entonces que el propio Memorándum era la prueba concluyente de la existencia del delito de encubrimiento.

Junto con el juicio conocido como Vialidad, la causa por lavado es, contrariamente, una de las que más compromete a la vicepresidenta en la justicia. Están involucrados sus hijos y empresarios ligados al kirchnerismo, como Lázaro Báez y Cristóbal López. Los jueces buscaron echar luz sobre un entramado de sociedades vinculadas al negocio inmobiliario cuyo fin habría sido encubrir dinero de origen ilegal, según la denuncia original de la hoy diputada electa Margarita Stolbizer. Para el tribunal oral que sobreseyó a la expresidenta ese dinero es de origen lícito.

Horas antes de conocida la decisión del tribunal, y acaso anticipándose a ella, la Cámara de Casación rechazó un pedido de Cristina Kirchner para anular la elevación a juicio de la causa Hotesur-Los Sauces. El fiscal ante el tribunal oral, Diego Velasco, en respuesta al planteo de la vicepresidenta, también se había pronunciado en favor de que el juicio se sustancie.

La resolución se conoce días antes de que el tribunal cambie su composición, con la salida del juez subrogante Adrián Grunberg, quien junto con el titular del cuerpo, Daniel Obligado, conformó el voto de la mayoría favorable al sobreseimiento. Y cuando, lo más significativo según los observadores en los tribunales federales, hay diligencias judiciales -pericias contables- en desarrollo.

La solución perentoria del complejo frente judicial de la expresidenta integra presumiblemente el pliego de compromisos que acompañaron la decisión de delegar la candidatura presidencial del Frente de Todos en la figura de Alberto Fernández. Nunca ha sido desmentida esa presunción.

Fernández poco había podido hacer en ese campo por la expresidenta con sus iniciativas de reforma de la justicia federal, frustradas por la debilidad del oficialismo en la Cámara de Diputados. Este año la vicepresidenta tomó la iniciativa y se aceleraron las definiciones. Incluso de otro orden: semanas atrás, la Anses, manejada por el cristinismo, desistió de apelar el fallo que ordenó devolverle la doble pensión vitalicia a Cristina Kirchner, un beneficio de 2,5 millones de pesos mensuales al que viene accediendo desde abril pasado.

A partir del año próximo veremos un oficialismo condicionado en el Congreso, con pérdida de la mayoría propia en el Senado, que ha sido hasta ahora el lugar de fortaleza institucional de la vicepresidenta. Se insinúa un cambio en los equilibrios internos del Frente de Todos, con la aparición de nuevos actores institucionales, como gobernadores y gremios en un escenario de profundo ajuste económico. La apuesta del Presidente para la nueva etapa no parece contemplar el liderazgo de la expresidenta. ¿Cristina Kirchner se resignará a esta estrategia? Decisiones como la tomada hoy por la Justicia acaso respondan al interrogante.

WC