Anoche, tras lo que fue un día agitado en el oficialismo nacional, un sector de La Libertad Avanza (LLA) difundió la presentación de un proyecto para derogar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y modificar el Código Penal para reprimir con prisión de tres a 10 años para el “que causare un aborto si obrare sin consentimiento de la mujer”. Cabe señalar que desde que el Gobierno, a través del decreto 55, se declaró este 2024 como el “año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad”, algo que dejaba abierta una especulación con que el mileísmo presentaría un proyecto para derogar el aborto legal, que entró en vigencia en 2021.
Inclusive el vocero presidencial Manuel Adorni, en conferencia de prensa, no descartó que esa fuera la intención del Presidente, pero no arriesgó fechas para instalar el debate. Con los ecos de la derrota por la Ley Ómnibus y a pocos días de que Javier Milei visite al papa Francisco en el Vaticano por primera vez, para La Libertad Avanza llegó el momento.
Cinco integrantes del bloque en la cámara baja, entre ellos su jefe, Oscar Zago, y Lilia Lemoine, presentaron un texto para derogar la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Según indica este grupo de libertarios en la fundamentación, esa norma “no es constitucional” y, a la vez, es “contraria al sentir del pueblo Argentino” ya que no contempla “la dignidad de la persona humana”.
En su artículo segundo, el proyecto prevé modificar el Código Penal para que “el que causare un aborto” sea reprimido con prisión de tres a diez años, “si obrare sin consentimiento de la mujer” y de uno a cuatro años si fuera con consentimiento. Establece, además, la “inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, para los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo”. Incluso, en el proyecto se propone castigar con prisión de uno a tres años a quien “causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare”.
La Ley 27.610 regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar y es de aplicación obligatoria en todo el país. Las mujeres y personas con otras identidades de género tienen derecho a interrumpir su embarazo hasta la semana catorce inclusive, sin tener que explicar los motivos de su decisión.
