Mientras la ley bases sigue navegando en el Senado de la Nación, en la Cámara de Diputados se producen otros movimientos vinculados a modificar dos temas: el financiamiento universitario y la fórmula jubilatoria. En ambas cuestiones, el Gobierno Nacional falsea los datos para construir una narrativa que oculte el ajuste realizado.
El primer relato fue el referido a las universidades. Un intento por construir un discurso favorable apareció días antes de la multitudinaria convocatoria que reunió a miles de personas a lo largo y ancho de nuestro país en defensa de la educación superior. Fue el anuncio de un aumento de 70% en marzo y 140% acumulado en mayo del presupuesto universitario que buscó desincentivar el apoyo a la movilización.
Pese al rimbombante título, la letra chica indicaba otra cosa: el incremento alcanzaba únicamente a los gastos de funcionamiento de las universidades. Lo mismo ocurre ahora con el reciente anuncio del vocero presidencial de un aumento de 270% para todas las casas de estudio, ampliando lo ya acordado con la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, desde el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a las conducciones de todo el país de las universidades nacionales, de los institutos de formación y de las universidades provinciales reconocidas por la Nación, aún no recibieron ningún tipo de notificación oficial. Así se efectivice, la conclusión es la misma: un aumento significativo para una porción poco significativa del presupuesto total.
Para dimensionar su impacto, los gastos de funcionamiento representan menos del 10% del presupuesto total universitario: más del 80% corresponden a salarios (docentes, no docentes y de gestión). Por ende, el total del presupuesto universitario se mantuvo prácticamente en el mismo nivel pese a los aumentos ya concretados. El ajuste sobre la educación superior, entonces, sigue en pie: el total de transferencias a las universidades nacionales por parte del Estado Nacional en el primer cuatrimestre del año fue 26% menor en términos reales que un año atrás.
En el caso de las jubilaciones, la semana pasada conocimos un dato que pasó desapercibido en la agenda pública pero sobre el cual se construye una gran mentira del relato oficialista. La ANSES deslizó una gacetilla de prensa que se titula “la nueva fórmula de movilidad aumentó las jubilaciones casi un 30% más que la anterior”.
A fines de marzo, Milei firmó el Decreto 274/24 por medio del cual modificó la fórmula de movilidad jubilatoria, es decir, el cálculo mediante el cual se aumentan los haberes de las jubilaciones. La nueva fórmula establecida por el Ejecutivo consiste en actualizar por inflación todos los meses, siempre considerando el dato disponible al momento de pagar, que es el de dos meses atrás. Es decir, ahora a principios de junio, cuando hay que pagar las jubilaciones, aún no conocemos el dato oficial de inflación de mayo sino el de abril. De este modo, los aumentos otorgados en estos tres meses de acuerdo a la nueva fórmula propuesta alcanzaron un 36,81%:
Cabe recordar que al momento de dictarse dicho Decreto, y pese al aumento correspondiente a la movilidad que se había otorgado en marzo, las jubilaciones sin bono se encontraban 19,2% por debajo de noviembre de 2023 a partir de la escalada inflacionaria desatada por la devaluación y la desregulación de amplios sectores de la economía que encaró el nuevo gobierno.
Reconociendo esta cuestión, se otorgó en abril un incremento extraordinario de 12,5% generalizado para todos los haberes. De este modo, el total del aumento otorgado en este trimestre es de 53,9%, lo cual permitiría una recuperación de los haberes en caso de cumplirse las estimaciones de las consultoras privadas con mayor reputación (“top-10”) que compila el Banco Central, que calculan la inflación para el período en 24,4%. Sin embargo, en el caso de las jubilaciones mínimas, al haberse congelado el bono en $70.000, en junio continuarán 6 puntos por debajo del poder adquisitivo que tenían en noviembre del 2023.
El decreto también estableció un mecanismo de empalme entre las dos fórmulas a concretarse en junio: si la fórmula anterior –atada a la recaudación y a la evolución de los salarios– arrojaba un incremento mayor al ya otorgado, se aumentarían los haberes por la diferencia entre ambas variables. Luego, a partir de julio, rige sólo la nueva fórmula atada a la inflación.
La fórmula anterior hubiera arrojado un incremento de 41,48%, es decir, 4,67 puntos porcentuales más que la nueva fórmula (36,81% – ver tabla), y 17 puntos porcentuales por encima de la inflación esperada en el período. Pese a ello, desde el Gobierno aseguran que su fórmula es un 30% mejor. ¿Cómo puede ser? Desde el oficialismo, acuden a la distorsión de los datos para criticar la fórmula previa y reivindicar la propia. Sin embargo, dicho dato es totalmente falso. Lo que hacen desde el oficialismo es incluir bajo el concepto de “nueva fórmula”, el 12,5% de incremento excepcional que se dio en abril. No es la fórmula nueva la que le gana a la anterior, sino la suma con el incremento otorgado por única vez de 12,5%.
El ajuste sobre las jubiladas y los jubilados continúa en marcha: en el primer cuatrimestre se destinaron 33% menos de recursos para las jubilaciones en términos reales que en el mismo período de 2023. Con el agravante de que al actualizarse por inflación, su poder adquisitivo va a quedar congelado, sin posibilidad de recuperarse a futuro.
