La Comisión consideró esas medidas como «mínimas en cuanto al impacto que puedan proporcionar a la protección de la comunidad y de un alto voltaje para el sector gastronómico ya endeble, hundiendo a miles de familias, empresarias, empleadas y relacionadas con el sector directa o indirectamente, afectadas a nivel económico y mental».
Asimismo, indicaron que «es motivo por el cual consideramos que ha sido un acto altamente discriminativo al sector y que si la necesidad de restricciones está dada, sea de un esfuerzo mancomunado para toda la sociedad y no sacrificando solo algunos.
