El Gobierno firmó ayer el decreto que aumentará los salarios de los trabajadores estatales nacionales en $4.000 en dos etapas y que alcanzará a los agentes con sueldos en bruto inferiores a 60 mil pesos o a 49.800 pesos de bolsillo. La norma alcanzará a 268 mil empleados de la administración pública central, los organismos descentralizados y el personal civil de las fuerzas Armadas y de seguridad. La administración de Alberto Fernández busca un efecto imitación por parte de los gobernadores provinciales y también para los trabajadores municipales.
La principal novedad del decreto es la fijación del tope: aunque ya se sabía que sería de ese valor los gremios estatales daban por sentado que sería neto y no bruto, por lo cual más estatales quedarán imposibilitados de cobrarlo. El aumento, al igual que el decreto del Ejecutivo para el sector privado, se dará bajo la modalidad de suma fija remunerativa y sujeta a aportes, con lo cual el monto neto final será de $3.320, y será a cuenta de la paritaria de este año en el Estado o de cualquier otro incremento resuelto hacia adelante.
Otra salvedad es que el límite para el cobro también operará con los dos ajustes salariales que los empleados públicos tienen en marcha de 5% cada uno en enero y febrero, producto de la paritaria 2019: si un trabajador percibía hasta el año pasado un salario inferior a 60 mil pesos pero alcanza o supera ese valor con el primer 5%, quedará al margen de la suba por decreto.
Además de los que superen el tope también serán marginados de la suba los trabajadores estatales regidos por convenios colectivos específicos beneficiados por aumentos en línea con la inflación. Es el caso de los docentes universitarios nacionales, para quienes opera una cláusula gatillo automática que el año pasado les garantizó (como a los maestros bonaerenses) percibir subas ajustadas por la variación del costo de vida. En la Jefatura de Gabinete calcularon que 112 mil trabajadores no percibirán el incremento decretado por estar contemplados en las excepciones.
La medida definida ayer es la consecución del decreto del propio Ejecutivo destinado a subir los salarios del sector privado, y fue el eje de encuentros que mantuvieron en los últimos días funcionarios con los jefes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hugo “Cachorro” Godoy, los principales gremios del sector público. Los sindicalistas, de todos modos, le habían pedido al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quitar el límite de ingresos o estirarlo para alcanzar a más beneficiarios.
Un trabajo del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, que dirige Luis Campos, sitúa en 35 por ciento la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron los estatales desde el arranque del ciclo de Mauricio Macri y hasta su última etapa, sólo superados por los textiles (38,7%). Otro relevamiento del mismo centro de estudios, sin embargo, señalaba que hasta hace un año el sueldo promedio en el Poder Ejecutivo alcanzaba $56.819 sin computar los incrementos de 2019, lo que haría presumir que habría muchos menos beneficiarios del decreto que los estimados por el Gobierno.
Ayer el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, confirmó que estudia un aumento para los estatales provinciales “en línea” con el de Nación, e incluso arriesgó que terminará por otorgarlo mientras busca “con qué recursos” afrontar el ajuste, tal como anticipó esta semana Ámbito Financiero. En otras provincias en cambio hay mayor resistencia a partir de las restricciones propias de la caída en la recaudación, en la actividad y el endeudamiento externo de varias administraciones.
