En el marco de la reforma del Estado que propuso la gestión del gobernador Raúl Jalil, muchos organismos pasaron a depender de los distintos ministerios.
El caso más resonante es el del Instituto Provincial de la Vivienda, ya que sus trabajadores se pusieron en pie de guerra y cuestionaron que esta decisión eliminaría el carácter de autárquico del organismo e implicaría para ellos una pérdida de derechos.
El Ministerio de Vivienda y Urbanización designó a las principales autoridades y se normalizó la atención del organismo, mientras se analizan los cambios a futuro.
De esta manera, el exdirector provincial de Infraestructura Social Básica y Productiva de la Secretaría de la Vivienda, Juan Orellana, pasó a cumplir funciones como administrador del IPV, mientras que el responsable contable será Brahim Saleme. Ambos pertenecen al equipo del ministro Fidel Sáenz, y lo acompañaban en su rol de secretario durante la gestión de Lucía Corpacci.
De esta manera, el Gobierno cumplió con el planteo que había realizado el gremio de los trabajadores del IPV, que pedían una firma autorizada para normalizar la atención al público, algo que ya se normalizó.
Igualmente, el reclamo por los fondos que manejará el IPV, los salarios y las reformas que se pretenden realizar aún no concluye: el gremio quiere ser parte de las conversaciones en el marco de la redacción de la ley que regule el nuevo funcionamiento del organismo, y busca hacer respetar el compromiso del Ejecutivo de que el Instituto no perderá su autarquía.
