La vicepresidenta Cristina Kirchner enfrenta desde mayo del año pasado el juicio en el que está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que direccionó la obra pública de Vialidad a favor del empresario Lázaro Báez durante sus dos mandatos presidenciales. En su defensa, la expresidenta aseguró que la acusación en su contra responde a «una operación política» y dijo ser víctima del «lawfare» (persecución a dirigentes opositores).
En este juicio de Vialidad el gobierno de Alberto Fernández es querellante a través de la Oficina Anticorrupción, que dirigía Laura Alonso y ahora dirige Félix Crous, ex fiscal y uno de los fundadores de Justicia Legítima. Si en la etapa de alegatos Crous decide no mantener la acusación contra Cristina, el juicio corre el riesgo de caerse.
La expresidenta está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado en más de $46.000 millones, de acuerdo a la auditoría de Vialidad Nacional. Los 51 contratos viales quedaron inconclusos en un 50% y presentaban sobreprecios de 65%.
Cristina sostuvo en su defensa que no hay pruebas concretas para sostener la acusación en su contra, pero ahora será el propio gobierno que integra el que deberá decidir si continúa con la acusación en la etapa de alegatos. Según consigna Clarín, el juicio podría caerse si los organismos del Estado que son querellantes deciden no continuar con la acusación.
El Gobierno de Alberto Fernández podrá mantener las querellas, pero en la instancia de alegatos puede decidir no formular ninguna acusación. Frente a la UIF, hasta finales de enero, continuará Mariano Federici. El Presidente postuló como su reemplazo a Carlos Cruz, ex presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Su postulación fue impugnada por Elisa Carrió por su cercanía a Víctor Santa María, presidente del PJ porteño e íntimo amigo del presidente.
En caso de que ambas querellas no formulen acusaciones, el TOF 2 sólo podrá dictar sentencia si la fiscalía a cargo de Diego Luciani acusa. Luego el fiscal deberá sostener la acusación ante la Cámara de Casación y en caso de resultar respaldada, puede ser apelada por los abogados defensores ante la Corte Suprema de Justicia.
Ante el Máximo Tribunal la intervención del Ministerio Público Fiscal quedará en manos del Procurador, puesto para el que fue propuesto Daniel Rafecas. Si Rafecas no la sostiene, el juicio corre “un marcado riesgo de caer porque se trataría de la única acusación para sostener una sentencia en caso de ser la misma desfavorable para los acusados».
