La provincia registra los mejores índices en la lucha contra el coronavirus pero se multiplican las denuncias de violencia institucional, alimentadas por la represión a comerciantes este viernes.
Formosa volvió a ser protagonista de las noticias a nivel nacional luego de que la Policía provincial reprimiera una marcha en protesta por la vuelta a Fase 1 de la ciudad capital a raíz de 17 casos detectados de coronavirus.
Esta semana el gobernador Gildo Insfran decidió que la ciudad de Formosa vuelva al aislamiento estricto por un aumento sostenido de casos de COVID-19, lo que disgustó a comerciantes locales que deberán bajar nuevamente sus persianas.
Formosa es una de las provincias que mejores registros sanitarios tiene en el país, la última en registrar el primer caso positivo de coronavirus pero también el distrito que realizó el aislamiento más estricto de todos, no sin ausencia de polémicas, como por ejemplo los centros de aislamiento denunciados por violación a los derechos humanos.
Semanas atrás el secretario de DDHH de la Nación, Horacio Pietragalla, viajó a la ciudad para observar de primera mano esos lugares, donde denunciaban que se retenía a la gente sin informar su condición epidemiológica y en condiciones paupérrimas.
Desde Juntos por el Cambio practicaron desde entonces una importante ofensiva e hicieron viajar a varios diputados nacionales para seguir con sus propios ojos la situación en estos centros, donde por ejemplo una mujer perdió a su bebé.
En el último tiempo se requirió también la participación de la Corte Suprema, que en noviembre instó a la provincia a dejar entrar a los residentes varados. Un grupo de hasta 8.000 personas esperaba autorización del gobierno provincial para poder ingresar.
Así se vivieron dramáticas escenas, como por ejemplo la de un hombre que murió intentando cruzar el Río Bermejo a nado, para poder reencontrarse con su familia.
En el último tiempo se requirió también la participación de la Corte Suprema, que en noviembre instó a la provincia a dejar entrar a los residentes varados. Un grupo de hasta 8.000 personas esperaba autorización del gobierno provincial para poder ingresar.
Así se vivieron dramáticas escenas, como por ejemplo la de un hombre que murió intentando cruzar el Río Bermejo a nado, para poder reencontrarse con su familia.
Como se dijo en párrafos anteriores, la política sanitaria formoseña trajo importantes resultados en materia de salud pero dejó trágicas historais de seres humanos que no podían reunirse con sus familias.
La política sanitaria se lleva a cabo desde el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 que dirige con mano de hierro el gobernador Gildo Insfrán, un grupo asesor de médicos y todos los ministros del gabinete.
Insfrán gobierna la provincia desde 1995 y fue electo siete veces gobernador, todas ellas por una amplia diferencia en las urnas. La oposición política al cacique provincial denuncia el autoritarismo con el que lleva la gestión, además de las penosas cifras económicas y sociales.
“Hoy tenemos en nuestra provincia gente que viene y nos quiere enseñar qué tenemos que hacer y cómo para defendernos de esta situación. Y vienen de lugares que tienen los peores indicadores”, dijo hoy Insfrán, ante los informes periodísticos realizados en las últimos días.
Y agregó: “En este momento de pandemia no me interesan los votos, sino la salud y la vida de los formoseños”.
¿Intervención Federal para Formosa?
La Coalición Cívica presentó en enero de este 2021 un proyecto para sancionar con fuerza de ley la intervención federal de la provincia de Formosa y caducar el mandato de Insfrán y el vicegobenrador, además de declarar en comisión a los miembros del poder Judicial.
El proyecto de los diputados de Elisa Carrió proponía una intervención de 180 días, con un interventor nombrado por el poder Ejecutivo de acuerdo al artículo 6° de la Constitución Nacional y luego un llamado a elecciones.
Lo cierto es que la CN prevé una intervención federal en caso de que se interrumpa la forma republicana de gobierno o se produzca una invasión, ya sea extranjera o de otra provincia. También puede ser solicitado por las autoridades provinciales para sostenerlas o incluso reponerlas.
La intervención federal es una atribución del Congreso de la Nación, excepto que este se encuentre en receso, situación en la que podría hacerlo el poder Ejecutivo pero “debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento”.
Desde el retorno de la democracia se intervinieron provincias en 1991 (Tucumán y Catamarca), 1992 (Corrientes), 1993 (Santiago del Estero), 1999 (Corrientes) y 2004 (Santiago del Estero):
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