Tras conocer que la reforma de la ley orgánica del IPV será parte de la agenda de sesiones extraordinarias que el Gobierno prevé para febrero, los trabajadores del organismo provincial se convocaron en asamblea y plantearon al sindicato la necesidad de retomar las medidas de fuerza, cuando se cumplió un mes de «paz» tras un principio de acuerdo que hubo a fines de diciembre.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del IPV, Pablo Machado, manifestó que es «inminente» el inicio de las medidas de fuerza, ya que entienden que el proyecto del Ejecutivo «contempla la eliminación del IPV como ente autárquico».
El sindicato había pedido el lunes una audiencia con el gobernador Raúl Jalil, antes que se conociera el temario de extraordinarias. Hoy harán las presentaciones ante el Ministerio de Trabajo para informar que iniciarán un quite de colaboración, con paro de actividades pero en los puestos de trabajo, y no descartan realizar movilizaciones a la Legislatura mientras se discuta allí el proyecto.
«Nunca pudimos dialogar con los papeles en la mesa, siempre se manejaron en secreto», dijo en relación con la propuesta de modificación de la ley. En diciembre, las medidas de fuerza entraron en stand by cuando el Gobierno designó a Juan Orellana como nuevo administrador del organismo, lo que permitió que se retomen las tareas básicas. Había un acuerdo para «negociar» los términos de la modificación de la ley.
Por otra parte, el sindicato presentará una solicitud de audiencia en el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación para plantear este conflicto y conocer si Nación continuará trabajando con organismos como el IPV.
Vialidad
El interventor del Sindicato de Personal de Vialidad Provincial, Pablo Vega, presentó pedidos de audiencia ante el vicegobernador Rubén Dusso, presidente de la Cámara de Senadores, y Cecilia Guerrero, presidenta de la Cámara de Diputados, para conocer detalles respecto de las reformas que se pretenden realizar a la ley orgánica de Vialidad en el marco de su inclusión dentro del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles.
«Entiendo que los trabajadores deben tener conocimiento del texto a tratar y la posibilidad de acercar algún tipo de aporte, sobre todo si del nuevo texto se pudiera desprender alguna modificación que afecte total o parcialmente los derechos adquiridos», explicó Vega en sendas misivas, en las que además solicitó copias de las propuestas del Ejecutivo. Este planteo ya había sido formulado oportunamente ante el ministro de Infraestructura, Eduardo Niéderle, quien le transmitió a Vega y al administrador Roque Herrera la tranquilidad de que el Convenio Colectivo de Trabajo se respetaría.
Sin embargo, al igual que ocurrió con el IPV, los trabajadores de Vialidad cuestionan que hasta el momento desconocen en qué términos el organismo será absorbido por el Ministerio, y eso despierta preocupación en el sindicato.
En el sindicato no se descartan medidas de acción directa en el caso de que no haya respuestas del oficialismo respecto a estos planteos.
