Monti propone dejar sin efecto un decreto del gobernador Raúl Jalil del pasado 2 de abril por el que dispuso que la Tesorería General de la Provincia será el organismo de percepción y distribución de regalías mineras, canon minero, derechos de explotación y todo recurso restante proveniente de la actividad minera.
En ese marco, dispuso que los saldos relativos a los recursos mineros que a la fecha de entrada en vigencia del decreto se encuentren a la orden y bajo la administración del Ministerio de Minería deberán ser transferidos a la cuenta que determine Tesorería General de la Provincia.
«Entiendo razonable que en el marco de la profunda crisis económica que se avecina en el país como consecuencia de la emergencia sanitaria y la pandemia declarada por la OMS se dicten normas de excepción y se redefina –durante la vigencia de la crisis- el destino de los fondos que perciben los municipios en concepto de regalías habida cuenta que las prioridades por el momentos son seguramente aquellas relacionadas a la situación sanitaria», fundamentó Monti.
En ese marco, agregó: «Ahora bien, resulta sensato sostener que quienes deben realizar esa inversión son los propios municipios dado que estos también asumen una serie de costos en lo relativo a sus estructuras sanitarias habiendo conformado la mayoría de ellos un COE local», fundamentó al oponerse a la centralización de fondos por parte del Ejecutivo mientras dure la Emergencia.
«Ante la caída de los recursos de coparticipación, vamos a enfrentar una quiebra de los municipios».
Aclaró que el Poder Ejecutivo tiene facultades legislativas durante el receso de la Legislatura, pero todo el debate que mereció la distribución de recursos «no se puede borrar de un plumazo en el marco de una desesperación por recursos», señaló.
Monti recordó que la Ley 5128 de Regalías Mineras tuvo arduas discusiones en la Legislatura. «Es el resultado de una suerte de federalismo de concertación intraprovincial y el producto de un largo debate ocurrido en el seno de la provincia respecto del perfil de distribución de recursos que comprenda, por un lado, la participación plena de la totalidad de municipios de la provincia y, por otro lado, un preferente beneficio para aquellos municipios en donde se desarrolla la actividad.
