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En la misma, se aclara que las designaciones perseguían una clara finalidad electoralista, manipulando la confianza y necesidad de cientos de ciudadanos, violentando normas jurídicas de orden público, cuyo cumplimiento les incumbía.
Según declaraciones del secretario de Gobierno, la situación de Valle Viejo pone a prueba el funcionamiento de las instituciones de la provincia «el respeto por la república, la democracia y la decisión popular; nosotros antes de asumir resaltamos la crisis y el empobrecimiento institucional que provocó un marcado deterioro en Valle Viejo.